Evidentemente, es una buena noticia que la Audiencia Nacional disponga la elaboración de un censo de españolas y españoles desaparecidos a consecuencia de la represión practicada desde el inicio de la guerra civil. Son decenas de miles las personas ejecutadas en cunetas, bosques y simas, o tiradas al mar, las hechas desaparecer conscientemente por un régimen dictatorial y cruel, personas que merecen la justa reparación política e histórica como un derecho inherente a ser los ciudadanos y las ciudadanas que fueron.La providencia de Garzón avanza hacia la judicialización de la búsqueda, localización, exhumación e identificación de los restos ya que la aprobada recientemente “Ley de Memoria” deja esta acción en manos privadas; y eso es fundamental a la hora de un desarrollo positivo del trabajo, judicialización que siempre ha sido imprescindible en las experiencias llevadas a cabo, en este campo, por los militantes de este Partido, como condición sine qua non para sacarlas adelante. Nosotros siempre hemos defendido que fuera el Estado el que se hiciera responsable de ello. Este avance nos parece fundamental, como es el de poder conocer los nombres y los apellidos, filiación y causa del fallecimiento, de tantos miles de personas que, finalmente, debería convertirse en el dedo acusador que demostrara que en este país también se cometió genocidio por parte de los responsables del Estado franquista.
Lamentablemente esta toma de postura llega tarde, como todo lo relacionado con la Memoria de este país y es dudoso un resultado positivo, al menos a corto plazo, si tenemos en cuenta la lenta maquinaria judicial española y lo complicado de esta investigación. Aunque desde el PCE, con modestia extrema, les recomendaríamos a los responsables de este trabajo que comiencen por consultar los fondos de los Registros Civiles, registros donde se han estado anotando desapariciones ocurridas en 1936 y años siguientes hasta bien entrada la década de los ochenta, ya bien muerto el general Franco.
PCE
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