domingo, 23 de septiembre de 2007

Las Ciudades Patrimonio de la Humanidad pedirán al Gobierno que les abone el IBI de sus Bienes de Interés Cultural

La Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España acordó hoy solicitar una reunión con la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para pedirle que las ciudades miembros del Grupo perciban, a través de la Agencia Tributaria, el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por los Bienes de Interés Cultural que hay en cada uno de los municipios miembros.Además, quieren que el Ejecutivo colabore con el Grupo en la ocultación del cableado en los cascos antiguos de las Ciudades Patrimonio.Tras la tercera Asamblea del año, celebrada hoy en Cuenca, el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, el presidente del Grupo y alcalde de Cuenca, Francisco Pulido, recordó que 'hay una exención del IBI en los Bienes de Interés Cultural de las ciudades patrimonio, a las que sin embargo nos obligan a mantener estos inmuebles'.El alcalde de Salamanca, Julián Lanzarote, resaltó en ese aspecto que 'las Ciudades Patrimonio somos estamos en este asunto, entiéndase bien, más castigadas, ya que tenemos que cuidar y preservar un patrimonio que luego no nos produce ningún ingreso como ciudades'.Lanzarote recordó que no es la primera vez que se plantea este tema sobre la mesa, y que en la última reunión la vicepresidenta del gobierno se mostró 'muy receptiva'. De hecho, el Grupo ha estado actualizando a través de su Comisión de Hacienda la cantidad de Bienes de Interés Cultural (BIC) que tiene cada una de las ciudades y la cuantía que dejan de percibir por las exenciones fiscales del IBI, como les solicitó la vicepresidenta.Tanto Pulido como Lanzarote manifestaron que la negociación sobre el IBI es el punto más sencillo de la reunión con Fernández de la Vega, 'ya que tenemos un solo interlocutor'. Sin embargo, también quieren apostar por una ayuda gubernamental para solucionar el problema del cableado en los cascos históricos.Lanzarote apuntó que los problemas principales en este aspecto vienen por la diversidad de entidades empresariales que en cada una de las ciudades suministran servicios eléctricos o de telefonía. Pero también resaltó que 'el problema no es lo que se está haciendo ahora, ya que con las nuevas conducciones el cableado ya se oculta. El problema es plantearle a las compañías que en su momento cumplieron las normativas que tienen que realizar un desembolso cuantioso'. A ello, Pulido sumó 'el problema que también supone el vecindario, porque los vecinos no siempre autorizan que se oculten los cables a través de sus viviendas'.