GUADALAJARA Y TOLEDO SIGUEN CON UN ESCAÑO MENOS Y EL TC EVITA ENTRAR EN EL FONDO DEL RECURSO.
El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada con buen criterio y sentido común por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que deberá pronunciarse ahora, y que consideró las razones de IU en su recurso al decreto de convocatoria de las pasadas elecciones autonómicas por posible vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Guadalajara, provincia que a pesar de contar con más habitantes que otras se le asignaba un escaño menos.
Con la noticia ha debido encenderse la bombilla a algún cerebro del PSOE para urgir un debate en las Cortes, no se sabe muy bien para que, salvo que sea para sacar triste pecho de hojalata con ésta noticia y desagraviar a Barreda que ha sido el único Presidente de España que ha conseguido invertir la proporcionalidad, asignando menos escaños a provincias con más habitantes y consiguiendo que el Fiscal General del Estado le dé la razón, por una corrección de la Ley a toro pasado sin eficacia real, y el TC obvie entrar al fondo del asunto y diga que “la desproporción ocasionada no resultaba especialmente intensa”.
Que acatemos la decisión no significa que la compartamos. La verdad es que a Guadalajara y a Toledo se les ha hurtado un escaño en las Cortes en ésta legislatura y eso es una vulneración de derechos.
El debate oportunista que plantean no sirve para nada, aunque podían aprovecharlo para explicarnos las “razones profundas” por las que en 1.998 Bono pactó con el PP y los tránsfugas de Nueva Izquierda suprimir el procedimiento matemático de asignación de escaños del Artículo 16 de la Ley Electoral, que, además de vulnerar lo establecido en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, es el origen de la chapuza electoral en que han situado a la Región, todo para que IU no entrara en las Cortes y consolidar el bipartidismo PSOE-PP. Conviene saber que aplicando el procedimiento suprimido al crecimiento demográfico las elecciones de 1.999 se deberían haber convocado con 51 escaños.
En el debate se debería conocer si las prisas que le entraron a Barreda para aprobar con urgencia y en solitario el 8 Noviembre de 2007 incrementar un escaño a Guadalajara y otro a Toledo se debía a que conocían que el TC solicitaría, solo dos meses después, informe al Fiscal General del Estado, y éste, casualmente, basaría su informe denegatorio a la cuestión planteada por el TSJ en esa modificación apresurada de la Ley.
En el debate se debería explicar el nuevo concepto de la proporcionalidad acuñado por el Fiscal General del Estado cuando afirma que “la proporcionalidad no puede ser entendida de forma matemática” y de lo que se desprende que Guadalajara con más habitantes que Cuenca es legítimo que tenga elegido un diputado menos para toda la legislatura. ¿De verdad se va a explicar en las Universidades a partir de ahora que esa es la proporcionalidad que dice el artículo 152.1 de la Constitución Española?
El debate debe aclarar que el método, no escrito en la Ley, que se sacó de la manga el PSOE regional para cuadrar los 49 escaños, y que explicó solemnemente Santiago Moreno, consistente en asignar 8 escaños a los primeros 200.000 habitantes de cada provincia y un escaño más por cada 100.000 habitantes o fracción de 75.000, es tan absurdo que tienen que volver a modificarlo cuando el INE publique el nuevo censo a 1 de enero de 2009. Toledo habrá superado los 675.000 habitantes y al corresponderle un escaño más y llegar al número par de 50, desaconsejado por la ley, tendrán que asignar otro escaño a otra provincia y eso no encaja en el método.
Y lo que ocurre es que tiene razón Izquierda Unida, y tiene razón el TSJ de Castilla-La Mancha que la Ley al haberle suprimido el procedimiento de asignación de escaños y no adaptar los mismos automáticamente a los movimientos demográficos conlleva a que se puedan vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos como defiende IU o que se pueda provocar una inconstitucionalidad sobrevenida como apunta el TSJ.
Con todo, y aunque el TC se ha guiado por el informe más político que jurídico del Fiscal General del Estado, y ha decidido no entrar al fondo de la cuestión, deseamos que el TSJ pueda aconsejar al Gobierno que Guadalajara y Toledo deben tener una escaño de hecho más en las Cortes ya, y, en todo caso, confiamos que el TSJ exija al Gobierno que restituya el procedimiento de asignación de escaños a la Ley para evitar que situaciones como la de la pasada convocatoria electoral vuelvan a reproducirse y los escaños se asignen con un procedimiento estable, jurídicamente defendible y matemáticamente proporcional según establece la Constitución Española y enseñan los educadores en los colegios y universidades españolas.
Cayo Lara Moya
Coordinador Regional de IU
El Tribunal Constitucional ha inadmitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada con buen criterio y sentido común por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que deberá pronunciarse ahora, y que consideró las razones de IU en su recurso al decreto de convocatoria de las pasadas elecciones autonómicas por posible vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos de Guadalajara, provincia que a pesar de contar con más habitantes que otras se le asignaba un escaño menos.Con la noticia ha debido encenderse la bombilla a algún cerebro del PSOE para urgir un debate en las Cortes, no se sabe muy bien para que, salvo que sea para sacar triste pecho de hojalata con ésta noticia y desagraviar a Barreda que ha sido el único Presidente de España que ha conseguido invertir la proporcionalidad, asignando menos escaños a provincias con más habitantes y consiguiendo que el Fiscal General del Estado le dé la razón, por una corrección de la Ley a toro pasado sin eficacia real, y el TC obvie entrar al fondo del asunto y diga que “la desproporción ocasionada no resultaba especialmente intensa”.
Que acatemos la decisión no significa que la compartamos. La verdad es que a Guadalajara y a Toledo se les ha hurtado un escaño en las Cortes en ésta legislatura y eso es una vulneración de derechos.
El debate oportunista que plantean no sirve para nada, aunque podían aprovecharlo para explicarnos las “razones profundas” por las que en 1.998 Bono pactó con el PP y los tránsfugas de Nueva Izquierda suprimir el procedimiento matemático de asignación de escaños del Artículo 16 de la Ley Electoral, que, además de vulnerar lo establecido en el artículo 10 del Estatuto de Autonomía, es el origen de la chapuza electoral en que han situado a la Región, todo para que IU no entrara en las Cortes y consolidar el bipartidismo PSOE-PP. Conviene saber que aplicando el procedimiento suprimido al crecimiento demográfico las elecciones de 1.999 se deberían haber convocado con 51 escaños.
En el debate se debería conocer si las prisas que le entraron a Barreda para aprobar con urgencia y en solitario el 8 Noviembre de 2007 incrementar un escaño a Guadalajara y otro a Toledo se debía a que conocían que el TC solicitaría, solo dos meses después, informe al Fiscal General del Estado, y éste, casualmente, basaría su informe denegatorio a la cuestión planteada por el TSJ en esa modificación apresurada de la Ley.
En el debate se debería explicar el nuevo concepto de la proporcionalidad acuñado por el Fiscal General del Estado cuando afirma que “la proporcionalidad no puede ser entendida de forma matemática” y de lo que se desprende que Guadalajara con más habitantes que Cuenca es legítimo que tenga elegido un diputado menos para toda la legislatura. ¿De verdad se va a explicar en las Universidades a partir de ahora que esa es la proporcionalidad que dice el artículo 152.1 de la Constitución Española?
El debate debe aclarar que el método, no escrito en la Ley, que se sacó de la manga el PSOE regional para cuadrar los 49 escaños, y que explicó solemnemente Santiago Moreno, consistente en asignar 8 escaños a los primeros 200.000 habitantes de cada provincia y un escaño más por cada 100.000 habitantes o fracción de 75.000, es tan absurdo que tienen que volver a modificarlo cuando el INE publique el nuevo censo a 1 de enero de 2009. Toledo habrá superado los 675.000 habitantes y al corresponderle un escaño más y llegar al número par de 50, desaconsejado por la ley, tendrán que asignar otro escaño a otra provincia y eso no encaja en el método.
Y lo que ocurre es que tiene razón Izquierda Unida, y tiene razón el TSJ de Castilla-La Mancha que la Ley al haberle suprimido el procedimiento de asignación de escaños y no adaptar los mismos automáticamente a los movimientos demográficos conlleva a que se puedan vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos como defiende IU o que se pueda provocar una inconstitucionalidad sobrevenida como apunta el TSJ.
Con todo, y aunque el TC se ha guiado por el informe más político que jurídico del Fiscal General del Estado, y ha decidido no entrar al fondo de la cuestión, deseamos que el TSJ pueda aconsejar al Gobierno que Guadalajara y Toledo deben tener una escaño de hecho más en las Cortes ya, y, en todo caso, confiamos que el TSJ exija al Gobierno que restituya el procedimiento de asignación de escaños a la Ley para evitar que situaciones como la de la pasada convocatoria electoral vuelvan a reproducirse y los escaños se asignen con un procedimiento estable, jurídicamente defendible y matemáticamente proporcional según establece la Constitución Española y enseñan los educadores en los colegios y universidades españolas.
Cayo Lara Moya
Coordinador Regional de IU
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