jueves, 17 de julio de 2008

El delegado de la Junta repasó las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para paliar los efectos de la crisis

El delegado de la Junta en Cuenca, Ángel Valiente, destacó hoy que el Gobierno de Castilla-La Mancha está “preocupado y ocupado por las dificultades que está atravesando la economía en la actualidad”, por lo que ha diseñado un conjunto de medidas orientadas a mejorar las posibilidades de financiación de las pymes, la fiscalidad de los ciudadanos de nuestra región y el desarrollo del Pacto por la Vivienda.
Para afrontar esta situación, señaló como fundamental el consenso y el diálogo entre todas las partes y, “frente al recorte de los derechos que hemos visto con otros en momentos difíciles”, abogó por “estar más cerca si cabe de los que menos tienen y más lo necesitan.
Valiente, que hizo un repaso por las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico para paliar los efectos de la crisis económicos, indicó que Gobierno regional va a continuar mejorando la fiscalidad con una nueva deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la adquisición o rehabilitación de vivienda, con financiación ajena y por la adecuación de vivienda que efectúan personas con discapacidad.
Esta deducción, que va a beneficiar a unas 250.000 declaraciones, consiste en una mejora en un 20% de la ya existente, teniendo efecto retroactivo, por lo tanto desde el 1 de enero de 2008.
Por otra parte, y en relación a la línea dedicada a mejorar las posibilidades de financiación de las pymes, se va a abrir una línea dedicada exclusivamente a las industrias del sector agroalimentario que funcionará de manera similar a la actual Línea Pyme-Finanzas.
Además, se va a poner en marcha una línea dedicada a la innovación que permitirá que las empresas que invierten en I+D+i accedan a préstamos a tipo de interés cero.
Por lo que se refiere a las iniciativas relacionadas con el desarrollo del Pacto por la Vivienda se va a trabajar en medidas de agilización administrativa, desarrollando un procedimiento rápido de tramitación de modificaciones no sustantivas de planeamiento, que se podrán resolver en un plazo de tres meses.
Del mismo modo, se agilizarán los procesos de transformación de suelo, cuando vaya destinado a la promoción de viviendas protegidas, reduciendo los plazos a la mitad. Finalmente, se propone un informe único interadministrativo que unifique todos los informes sectoriales precisos para determinadas tramitaciones de instrumentos urbanísticos.

Minimizar el coste social
El delegado de la Junta recalcó que este paquete de medidas pone de manifiesto que “cuando la situación es difícil hay que hacer esfuerzos conjuntos para superar con el menor coste social posible esta situación” y aseveró que “el Gobierno del presidente Barreda ha afrontado desde el primer momento la realidad y no está cruzado de brazos”. De hecho, estas medidas se suman a otras adoptadas ya con anterioridad.
Así, el Gobierno regional ha adjudicado durante el primer semestre de este año casi 900 millones de euros en obra pública, lo que ha permitido atajar los problemas que están atravesando sectores como el de la construcción, o al menos, reducir el impacto de la desaceleración.
Igualmente se ha reforzado la línea Pyme-Finanzas que ha incrementado el porcentaje de inversión empresarial, financiando el 70 por ciento y ampliando el número de sectores productivos que pueden acceder a su financiación.
Destaca también el apoyo a la industria auxiliar de la construcción, exigiendo la utilización de materiales de empresas de la región en aquellas obras públicas en las que sea posible.
Además se han aprobado medidas fiscales tendentes a la supresión de los impuestos de Sucesiones y Donaciones que permitirán un ahorro de 50 millones de euros anuales a unos 60.000 contribuyentes o el Plan de Medidas Extraordinarias elaborado desde la Consejería de Trabajo y Empleo para contribuir a la recolocación de trabajadores desplazados desde el sector de la construcción.

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