IU defiende una ley de plazos para que las mujeres puedan decidir sobre su maternidad con las debidas garantías legales y sanitarias

Esta semana se han conocido las cifras oficiales referentes a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en la que se constata que en nuestra región se ha producido un incremento del 26% de mujeres que abortan respecto al año pasado (3.429 en el 2007 frente a 2.716 del año anterior), destacando la subida en Cuenca (43%) y Toledo (36%). Respecto a la edad, se dan aumentos en todos los tramos analizados, pero sobre todo en mujeres de 15 a 34 años.
Desde Izquierda Unida se han valorado estas cifras y se ha señalado en primer lugar la paradoja entre un aumento que supera en 16 puntos la media de España, y que en algunas provincias la triplica o cuatriplica, cuando en Castilla-la Mancha no existe ningún centro sanitario público donde las mujeres puedan interrumpir su embarazo.
“A esta falta de atención de la red pública sanitaria se une que la píldora postcoital no es gratuita ni accesible a jóvenes, hay carencias en materia de educación sexual y anticonceptiva en el sistema educativo y no hay una buena red de centros o servicios de planificación familiar donde se aborde la salud sexual y la prevención desde un punto de vista integral”, dijo el Coordinador regional de IU, Cayo Lara.
Lara ha declarado que “los responsables políticos autonómicos y más concretamente del Servicio de Salud no pueden esconder su responsabilidad y deben dar respuesta a las necesidades de salud de las mujeres y garantizar los derechos en materia sexual y reproductiva, sin prejuicios y con atención pública accesible, gratuita y de calidad”.
Actualmente sigue funcionando la Subcomisión parlamentaria que estudia la reforma de la legislación sobre el aborto, en la que IU está reclamando que el aborto voluntario salga del Código penal, se regule mediante una ley de plazos que devuelva la dignidad a las mujeres, que acabe con la inseguridad jurídica y que incluya la generalización de la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo en las 14 primeras semanas dentro de la red pública sanitaria.
“La actual legislación se ha quedado obsoleta y el PSOE debe cumplir con sus compromisos electorales y asumir de una vez por todas que este marco legal no resuelve ni permite decidir sin tutelas, ni respeta la dignidad de las mujeres, pues no son las mujeres las que deciden sino otros: médicos, jueces, etc.,”, señaló Cayo Lara, quien ha insistido en que “el aborto no debería ser un delito sino un derecho democrático de las mujeres, reconocido ya en la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”