Cospedal pide al gobierno de Zapatero una apuesta "clara" por el empleo

La secretaria general del PP, y presidenta de los 'populares' de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, pidió hoy al Gobierno central que haga una apuesta clara por el empleo como la mejor de las políticas sociales, ya que "si no lo hace así, el desempleo contribuirá a un importante incremento de los gastos sociales, siendo los primeros afectados los ayuntamientos, que cada vez reciben menos ingresos pero tienen más gastos sociales".
Cospedal, que participó en el encuentro con alcaldes del PP que clausuró hoy en Ciudad Real el líder de los populares, Mariano Rajoy, también ha denunciado que los continuos engaños de los presidentes socialistas Zapatero y Barreda (presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) sobre la crisis económica “han perjudicado claramente a los ciudadanos”.
La líder de los populares castellano manchegos ha incidido en que es un derecho constitucional garantizar la igualdad de los ciudadanos, en clara referencia a los servicios que se prestan desde los ayuntamientos, "para lo cual, éstos estos deben tener suficiencia financiera, un derecho que hasta hoy no se ha garantizado en España".
En este sentido, la secretaria general del PP ha reivindicado la necesidad de una redefinición –“decidida y valiente”- del modelo de Estado que se implantó hace 30 años y que está protagonizado por las comunidades autónomas, lo que ha motivado que los ayuntamientos acaben desarrollando (sin la financiación correspondiente) muchas competencias propias e impropias (que son aquellas que no son obligatorias por ley) "y entre las que se encuentran las políticas sociales, muy demandas por los ciudadanos, y con las que habrá que ser muy sensible a la hora de redefinir los servicios que deben prestar las corporaciones locales".
Finalmente, Cospedal ha asegurado que "el Partido Popular es el único partido que tiene un proyecto para España, y que apuesta por definir modelos que beneficien a los ciudadanos".

PLANES DE AJUSTE PRESUPUESTARIO
Durante la reunión, presidida por Mariano Rajoy, los alcaldes del PP han aprobado un decálogo con los principios inspiradores de esta iniciativa Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular elaborarán Planes de Ajuste Presupuestario ante la actual situación de crisis económica. En una reunión. Entre otras medidas, los consistorios del PP limitarán los gastos de personal y burocráticos, impulsarán planes de ahorro energético y fomentarán la sostenibilidad de las finanzas públicas con iniciativas de rigor y control presupuestario.
Frente a la pasividad del Ejecutivo socialista, el PP quiere desempeñar un papel activo contra la crisis en los lugares donde ejerce responsabilidades de Gobierno. Así, estos Planes permitirán, a través de una política de austeridad en el gasto público, redefinir los objetivos de los ayuntamientos en la actual coyuntura. Por eso, deberá abordarse, en la medida de lo posible, la necesidad de reforzar aquellas políticas que permitan, con la necesaria colaboración de la iniciativa privada, minimizar el impacto de la crisis y coadyuvar a la recuperación económica, para lo que será indispensable que el nuevo sistema de financiación local entre en vigor el próximo ejercicio.
El Decálogo aprobado hoy recoge los principios que inspirarán los Planes de Ajuste Presupuestario, aunque cada equipo de gobierno los adaptará a las particularidades de su ayuntamiento. Las diez medidas están divididas en dos grandes apartados: las propuestas destinadas a la reducción del gasto burocrático y las iniciativas que permitirán garantizar el equilibrio presupuestario y la estabilidad.

AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO
En este primer bloque se incluyen las propuestas destinadas a mejorar la eficiencia de la propia Administración pública, reduciendo sus costes de funcionamiento.
1. Limitaciones de los gastos de personal: con carácter general, sólo se autorizará el crecimiento de la plantilla para dar cobertura a los servicios operativos (Policía municipal, Bomberos, Emergencias o Protección Civil) y para atender necesidades asociadas a los servicios sociales. Además, se congelarán los sueldos de todos los cargos públicos, alcaldes, concejales y personal de confianza; las dietas y asistencias a órganos colegiados; así como la asignación a los grupos municipales.
2. Reducción de gastos burocráticos: los ayuntamientos gobernados por el PP contendrán los gastos destinados a publicidad, publicaciones; comunicaciones, material de oficina –en especial los consumibles informáticos-, etc. El objetivo será reducir sustancialmente los gastos de protocolo y representación y el coste de materiales y suministros (papel, fotocopias, impresoras, fax, teléfono…) a través de la generalización del uso de la banda ancha de Internet y similares, y de un exhaustivo plan de control del gasto por cada uno de los servicios municipales, con políticas de compra más eficientes.
3. Planes de ahorro energético: esta iniciativa perseguirá un doble objetivo: en primer lugar, reducir el consumo interno -estableciendo criterios para la regulación de las temperaturas máximas y mínimas en los edificios públicos y horarios de encendido y apagado- y, en segundo lugar, contener el consumo derivado del alumbrado público (reposición de luminarias de bajo consumo, control exhaustivo de la temporización de los encendidos y apagados de viales y calles…) y controlar el consumo de energía en los edificios municipales, sobre todo en horas no laborables.

SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
El segundo bloque de medidas incluidas en el Decálogo tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad de las Haciendas municipales en un momento en el que las previsiones de crecimiento han sufrido un severo ajuste. Para ello, es necesario ajustar el techo de gasto a los ingresos que realmente se esperan alcanzar. Con este objetivo, los ayuntamientos gobernados por el PP proponen:
4. Rigor y prudencia en el presupuesto de ingresos, realizando un seguimiento constante de su evolución.
5. Control del presupuesto de gastos: el presupuesto de gastos no deberá crecer por encima del PIB nominal. Las bajas de adjudicación derivadas de los procedimientos de contratación se centralizarán en una única partida cuya gestión corresponderá al órgano competente en materia de Hacienda Pública.
6. Redefinición de los objetivos presupuestarios: la reducción de la capacidad de gasto obligará a realizar un análisis de las actuaciones que falten por ejecutar y a priorizarlas. Se revisará la necesidad y oportunidad de las líneas de subvención previstas, realizando los ajustes que sean posibles. Pero, en ningún caso se recortarán subvenciones de carácter social ni aquellas que incentiven de modo directo la actividad económica.
7. Limitación de las modificaciones de crédito: se restringirá al máximo la tramitación de las transferencias de crédito, excepto las relativas a carga financiera y gastos de personal cuando se refieran a la gestión de nóminas. Además, las generaciones, ampliaciones, suplementos de crédito, créditos extraordinarios sólo podrán iniciarse en el momento en que se tenga constancia de los ingresos de los que traen causa.
8. Control de gastos plurianuales: se elaborará un escenario plurianual que permita conocer el impacto de los contratos vigentes o en tramitación en los ejercicios futuros.
9. Garantía de gasto social: las partidas presupuestarias destinadas a atender gastos sociales no se verán afectadas por los recortes. No obstante, el hecho de que estas competencias no cuenten con la debida financiación hace aún más urgente la necesidad de que el nuevo sistema de financiación esté en vigor en 2009.
10. Medidas para contrarrestar la crisis: los Ayuntamientos, en el marco de sus competencias y de forma coordinada y concurrente, en su caso, con los otros niveles de gobierno, tratarán de reforzar aquellas actuaciones a través de las cuales se pueda suavizar el impacto de la crisis en su territorio, fomentando, por ejemplo, sus políticas de vivienda pública, tanto desde el punto de vista de la construcción como de la rehabilitación.

FINANCIACIÓN LOCAL
Asimismo, los alcaldes del PP han destacado la necesidad de impulsar la segunda descentralización y un nuevo modelo de financiación local. En este sentido, han instado al Gobierno a asumir su responsabilidad y a negociar un nuevo modelo que dé respuesta a los retos actuales de los consistorios.