Más de 5.000 demandantes podrán beneficiarse del pacto por la vivienda en Cuenca

La cifra de inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda de Cuenca asciende a 5.431 personas, las mismas que podrán beneficiarse del Pacto por la Vivienda suscrito entre el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor.
El 87’16 por ciento de los demandantes de vivienda son jóvenes; el 100 por cien solicita una vivienda en propiedad como primera opción; y el 72’2 por ciento de los solicitantes son trabajadores por cuenta ajena.
El delegado de la Junta, Ángel Valiente, que informó hoy junto al delegado provincial de Ordenación del Territorio y Vivienda, Rodrigo Molina, de los detalles de esta Plan, destacó que “Castilla-La Mancha es la primera Comunidad Autónoma en potenciar medidas para atender la demanda de vivienda, lo que redundará y tendrá efectos positivos en el sector de la construcción”.
Según dijo, el Pacto por la Vivienda supone “un paso más del Gobierno de Barreda en su compromiso por garantizar el acceso a la vivienda a todos los castellano-manchegos que la necesiten”.
Este acuerdo contempla como principal novedad las Viviendas de Iniciativa Público-Privada, de unos 70 metros cuadrados útiles, cuyo precio oscilará entre los 130.000 y 150.000 euros, y un conjunto de medidas y reformas legales para agilizar los procesos de gestión de suelo, dirigidas a facilitar la construcción de viviendas.
Estas viviendas las construirá la iniciativa privada pero con una doble garantía por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha: que todas las viviendas tienen comprador desde el día del inicio de obras y la de contar con financiación para su construcción.
Consiste, por tanto, en “encontrar el punto de encuentro entre la demanda de viviendas y la capacidad de oferta”, significó Valiente.
Se trata de viviendas de promoción privadas realizadas sobre suelos de titularidad privada, en lugares en los que exista demanda, para las que se pacta un precio que las haga asequibles y, a su vez, atractivas en términos de costes de construcción y rentabilidad.
El Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha recoge los municipios de la región en los que existen a día de hoy 100 o más demandantes, lo que supone el 88% de la demanda total.
De esta forma, y con un horizonte temporal que abarca desde los años 2008 a 2015, el Gobierno regional facilitará el acceso a la vivienda a 50.000 familias, beneficiando principalmente a los más de 35.000 jóvenes demandantes de una vivienda en Castilla-La Mancha.
El delegado de la Junta calificó el acuerdo de “innovador y pionero en España” fruto de la coordinación y colaboración del Gobierno que preside José María Barreda con las organizaciones sociales y empresariales que aglutinan a todos los agentes implicados en la política de vivienda.
Por su parte, Rodrigo Molina resaltó que “no se trata de un modelo de vivienda excluyente”, puesto que se siguen manteniendo todas las tipologías ya existentes como las viviendas de protección oficial o las viviendas de precio tasado.
El delegado provincial explicó que “es un nuevo modelo que da respuesta a una demanda de comprador diferente”, es decir, “adaptamos la demanda a la oferta”, explicó.

Otras medidas
Además, este plan prevé un conjunto de medidas y reformas legales para agilizar los procesos de gestión de suelo, dirigidas a facilitar la construcción de viviendas.
Todas quedarán garantizadas mediante la constitución de la Mesa del Pacto por la Vivienda en Castilla-La Mancha, con representación de todas las instituciones firmantes, y del Observatorio del Suelo y la Vivienda de Castilla-La Mancha, como instrumento de apoyo técnico a la Mesa.
Asimismo, en el marco de este Pacto se abordará la preparación de una Ley de Garantías de Acceso a la Vivienda que facilite a los inscritos en el Registro de Demandantes la posibilidad de acceder a una vivienda en un plazo no superior a un año.
Otra de las medidas que recoge este plan es la elaboración de un nuevo sistema de selección del adjudicatario que establecerá un procedimiento muy ágil en el que la norma general será ir ordenando los demandantes por su antigüedad en el registro general, con la reserva de un cupo de viviendas para atender a colectivos especiales.