Mientras el precio de la vivienda sube en Cuenca, ni el PP ni el PSOE plantean medidas eficaces para favorecer su acceso y acabar con la especulación

Se han conocido los datos sobre los precios medios de la vivienda nueva en el año que acaba de concluir realizados por la Sociedad de Tasación en los que se produce un incremento de un 5,1% en las capitales de provincia.
En Castilla-la Mancha se supera ligeramente este porcentaje, pero es paradójicamente nuestra ciudad la que sufre la mayor subida con un 7,1% y dobla el aumento del segundo semestre. Algunos pueden desviar la atención en que sin embargo el precio medio es el más bajo de las cinco provincias castellanomanchegas, 1.756 euros/m2 por algo más de 2.000 euros/m2 de media regional, pero hay que recordar que también en otros niveles económicos, sociales o salariales por ejemplo también estamos a la cola, por lo que se desvela como más injusto este incremento que sólo es superado por algunas provincias catalanas, del litoral mediterráneo o Zaragoza.
Grandilocuentes son los titulares y mensajes que continuamente nos repiten desde las diferentes administraciones, regional y estatal, para promocionar algunas medidas que vienen rodeadas de altas cifras de viviendas, que nos hablan de protección oficial, de fomento del alquiler, pero que vemos como pasa el tiempo y los pisos siguen valiendo cada vez más y el esfuerzo económico que hay realizar para acceder a ellos cada vez es mayor y está adquiriendo dimensiones tales que amenaza con erosionar los mismos fundamentos de la democracia.
Miles de ciudadanos, la mayoría de ellos jóvenes, no pueden desarrollar una vida normal, no pueden organizar su existencia ni un futuro medianamente digno, ni mucho menos participar como tales ciudadanos en la esfera pública; porque no tienen acceso a un derecho tan elemental como el de disponer de un hogar, un derecho constitucionalmente reconocido de manera tan inequívoca como se incumple en la práctica.
“Mientras tanto desde los Ayuntamientos, como es el caso de nuestra ciudad, siguen utilizando el patrimonio público del suelo para financiar todo tipo de inversiones y de gastos, que poco tienen que ver con facilitar el acceso a una vivienda digna y a impedir la especulación” , dijo el concejal de IU.
“Ésta forma de financiación de los Ayuntamientos, además de ser una errónea política presupuestaria, es una de las causas del desarrollo de un urbanismo insostenible que busca de forma concertada con determinados promotores, financiación a través de las recalificaciones y la monetarización del aprovechamiento urbanístico correspondiente a la administración”, afirmó Castellano Bobillo.
“Aunque todavía no conocemos con detalle los presupuestos, deducimos que la estrategia del equipo de gobierno del PP respecto a este problema no va a modificarse mucho respecto a la mantenida por Cenzano” añadió Bobillo, que dijo finalmente que “el suelo público debe convertirse en una herramienta básica para garantizar el derecho a la vivienda de la ciudadanía y bajo ningún concepto se puede dilapidar, ni enajenar para financiar necesidades diferentes a la de la vivienda y mucho menos para operaciones especulativas”.