jueves, 18 de octubre de 2007

Para el Grupo Socialista en la Diputación “el PP se ha preocupado más de intereses partidistas que del bienestar de los ciudadanos”

La portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Cuenca, Carmen Torralba, ha lamentado la actitud de la oposición realizada por el Grupo Popular en la institución desde el inicio de la legislatura y materializada en su análisis de los primeros 100 días de gobierno. Torralba considera que, durante este periodo, el PP se ha preocupado más de intereses partidistas que de contribuir a resolver y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la provincia de Cuenca.
La constatación de este modo de hacer política se concretó en el último pleno cuando se hizo “montaña de un grano de arena” con el único objetivo de buscar rendimiento político utilizando una vía desafortunada. Apelar a la censura, la falta de libertad de expresión o a la involución cuando lo único que ocurrió es que, simplemente, no se aprobó la urgencia de dos mociones resulta totalmente desproporcionado. La oposición popular ya debería saber que las instituciones tienen unas normas establecidas y hay que respetarlas. “Romper la baraja” cuando resultan desfavorables puede ser considerada una falta de respeto a las reglas del juego democrático, a las instituciones y a los ciudadanos a quienes representan.
Al análisis del PP sobre los primeros 100 días le falta credibilidad porque resulta, cuando menos, totalmente irresponsable asegurar que “el presupuesto de inversiones de la Diputación Provincial quedará hipotecado durante 15 años” con la aplicación del Plan Integral de Carreteras. En este tema, su valoración se basa en datos que, sencillamente, no son ciertos. Así, no es cierto que el 40% de las carreteras no se haya iniciado. Este porcentaje es del 17%. Son tan sólo 11 carreteras sobre un total de 62, de las cuales 9 se encuentran en fase de evaluación de impacto ambiental y en 2 están a punto de comenzar las obras. También mencionan un supuesto presupuesto inicial de 70 millones cuando, lo cierto, es que el Plan salió a concurso con un presupuesto de 121 millones. Desde el equipo de gobierno se contempla esta cantidad como una inversión de futuro para mejorar las comunicaciones en los pueblos más desfavorecidos. Consideramos que ésta es una de sus nuestra principales funciones.
Cuando el PP cuestiona la planificación o el seguimiento sobre la mejora de la red de carreteras provinciales está poniendo en tela de juicio a los servicios técnicos de esta institución de forma gratuita. Su solvencia profesional ha quedado acreditada con el trabajo realizado durante muchos años. De todas formas, conviene precisar que las carreteras ejecutadas pasarán dos exámenes externos. Uno de ellos se materializará próximamente con la colaboración de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda. Resulta comprensible el interés que los alcaldes pueden tener en que se agilice el arreglo de las carreteras provinciales y desde el equipo de gobierno podemos asegurar que se está haciendo lo posible para que sea una realidad en el menor plazo y de la mejor manera posible.
Al hilo de la utilización partidista de las instituciones citada anteriormente, llama la atención que el PP “culpe” al equipo de gobierno de la Diputación por la ejecución de las autovías A-40 o Cuenca Teruel, asuntos que no son competencia de esta institución y en los que, aún así, desde el equipo de gobierno se hace lo posible para que el Ministerio de Fomento acelere la ejecución de estos proyectos. El Grupo Popular, más que ejercer una oposición constructiva y leal, se está limitando a lanzar mensajes teñidos de pesimismo, planteados desde una óptica irreal y partidista.

1 comentario:

Anónimo dijo...

No tienes ni idea, además de corta, mentirosa. Al grupo popular no se le dejó ni siquiera justificar la urgencia y mucho menos exponer su moción. Deberíais aprender de Fran en el Ayuntamiento. ¡Eso es la democracia!. Todos los grupos debatiendo y pidiendo la palabra sin limitación.

La dictadura de Ávila y Torralba ha llegado a tal extremo que incluso, deniegan la celebración de un pleno cuando lo piden 11 diputados. La ley solo exigen que lo pida un número de mínimo y no se les puede negar. Todo esto lo vais a pagar caro, la ciudadanía no perdona.