La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, expresó hoy el "firme compromiso" del Gobierno con los agricultores que se abastecen del agua de los acuíferos 19 y 20, en las provincias de Toledo y Cuenca. Además, reconoció que la gestión de estas aguas subterráneas es "una de las grandes asignaturas pendientes" del país
Narbona respondió así a una pregunta parlamentaria en la Sesión de Control del diputado del PSOE, Alejandro Alonso Núñez, quien se interesó acerca de las actuaciones que va a desarrollar el Gobierno en los acuíferos 19 y 20, en las provincias de Toledo y Cuenca.
Según dijo, la gestión que hasta ahora se ha hecho de las aguas subterráneas ha llevado a situaciones de "sobre explotación y de contaminación" de acuíferos, como es el "caso de los acuíferos 19 y 20, que están bajo la tutela de dos confederaciones hidrográficas, la del Tajo y la del Guadiana".
"Las actuaciones que Medio Ambiente ha emprendido para hacer frente a una correcta gestión de esas aguas subterráneas, que permita distribuir entre los regantes las cuantías que en cada momento sean susceptibles de aprovechamiento, consisten básicamente en el impulso de las comunidades de regantes", subrayó.
Así, la ministra resaltó que para este impulso está previsto un presupuesto de "más de 400.000 euros", y agregó que, asimismo, está prevista la instalación de "piezómetros y de controles de calidad en ambos acuíferos". En su opinión, estas actuaciones van a permitir, con un "presupuesto global de casi 7 millones de euros por parte del Ministerio, controlar adecuadamente la cantidad y la calidad de esas aguas subterráneas".
En el caso del acuífero 20, por ejemplo, apuntó la existencia de un problema "grave de nitritos", el cual "obliga a un seguimiento muy constante para que si se usa el agua, sea bajo las medidas oportunas".
Afirmó, por tanto, que lo "fundamental" es que se desarrolle la Ley de Aguas "tal y como está previsto en cuanto a la gestión de las aguas subterráneas", mediante la constitución de las comunidades de regantes, que son las que van a "permitir pasar a una situación de regularidad por parte del uso que hacen los regantes del agua". Narbona agregó que estas comunidades también van a permitir una distribución que "se atenga a la cantidad disponible y a la calidad", que debe ser la "adecuada" para "no incidir en forma alguna de contaminación".
Por su parte, el diputado socialista Alonso Núñez, recordó que el Gobierno del PP "no cumplió sus promesas" con los agricultores que desarrollan su actividad en esos acuíferos, "a los que prometió que regularizaría la situación de esos pozos que abastecen de agua sus explotaciones".
Explicó, además, que la zona afectada por ambos acuíferos integra las unidades hidrogeológicas de las sierras de Altomira (Cuenca) y las zonas que integran los municipios que van de Lillo a Quintanar de la orden, y Consuegra y Villacañas en la provincia de Toledo.
En este sentido, señaló que es una zona de "pequeñas explotaciones, más del 90 por ciento de viñedos, aunque también de ajos, azafrán y cultivos hortícola, llevadas a cabo por agricultores profesionales que necesitan pequeños aportes hídricos para asegurar una adecuada rentabilidad, en una zona en la que llueve poco más o menos que en el desierto del Sáhara". Por tanto, afirmó que estos agricultores "esperan respuestas y una decisión positiva" del Gobierno.
Para concluir, la ministra Narbona recalcó el "compromiso firme" del Gobierno con estos acuíferos para los años 2007 y 2008, "con los piezómetros, los controles de calidad, los estudios del Instituto Geológico Minero y, por supuesto, la constitución, impulsada con presupuesto del Ministerio, de las dos comunidades de usuarios de aguas subterráneas".
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