Opinión

AREA DE EDUCACIÓN DE IU-CUENCA

ACUERDO Y DESACUERDOS
En este país hay que tener mucho cuidado con los acuerdos que se toman porque es tremendamente difícil deshacerlos, ni siquiera cuando las circunstancias que avalaron el acuerdo hayan desaparecido, ni siquiera cuando los firmantes del mismo no representaran a la mayoría de los afectados, ni siquiera cuando suponga motivo de conflicto, enfrentamientos laborales e intromisiones particulares en asuntos generales. Así está ocurriendo con los acuerdos Iglesia-Estado de los años setenta.
Otra vez salta a la parrilla de los medios las vicisitudes de los profesores de religión y los tribunales. Algunas personas llevan varios años con pleitos provocados por los mencionados acuerdos, curiosamente no son ni el presidente del gobierno español ni el representante de la santa sede, son personas elegidas por los obispos para dar enseñanza católica a niños y adolescentes en colegios públicos.
Han leído bien, en el ámbito público, en el de todos, con presupuesto a las arcas del estado, al lado de las matemáticas o el lenguaje, entre un laboratorio y un gimnasio, junto a los talleres y la biblioteca, ocupando la misma o mayor carga horaria que disciplinas como la música, la ética, la botánica, la astronomía, la filosofía, el dibujo, la tecnología, la informática, la psicología, la educación física, etc., se encuentra la persona y la asignatura de religión católica, entre diplomados, licenciados y catedráticos, en una organización pedagógica de interés general que atiende a todo tipo de alumnado por ser de régimen público y tener carácter estatal.
Ningún español debe estar fuera del sistema educativo. Corresponde al Estado instruir básicamente a sus ciudadanos, tenga una clase social u otra, unas creencias o sin creencias, sean niños o niñas, procedan de donde procedan.
Ahí están, en ese contexto se encuentran las personas que los obispos consideran aptas para enseñar sus creencias y que el estado paga sus sueldos.
La España actual dista mucho de la de los años setenta, por qué tenemos que permitir los acuerdos que unen al Estado con la iglesia en materia educativa si la educación actual exige un campo de conocimiento al margen de las creencias, si la educación debe velar por enseñar ciencias, humanidades, deporte, arte y cultura pacífica para contribuir a que sus ciudadanos sean mujeres y hombres autónomos, libres, críticos, responsables y solidarios, que puedan optar a un trabajo digno y llevar una vida digna en democracia y paz. ¿Dónde caben acuerdos con nadie hoy?
Este Estado está haciendo dejación de sus deberes cuando mantiene año tras año a la iglesia católica en su sistema educativo. Las consecuencias no son sólo de los profesores despedidos por los obispos, que al fin y al cabo son quienes los contratan, sino el agravio comparativo con otras religiones, la ocupación curricular y carga horaria que se les dedica y especialmente, vulnera la responsabilidad de un país democrático al mantener económicamente una confesión, al darle carácter educativo público, en definitiva al confundir la esfera de lo privado con la res publicae.
El poder legislativo actúa según los acuerdos estatales. Es ahí donde radica el problema, es una cuestión inmoral. Un buen ejemplo de que a veces las leyes no son buenas, ni actuales, ni necesarias sino contraproducentes, erróneas, caras económicamente, discriminatorias, permitiendo privilegios y perturbando la paz social.
Un poco de lógica y de sentido común no vendría mal a los actuales dirigentes de este país tan aficionado a sacar los trapos sucios a la palestra. Para empezar, tal vez haya que regalar algunos diccionarios a los representantes de las cortes y del senado, y después hacer un poco de historia y compararnos con nuestros vecinos europeos. Para acabar tendríamos que añadir un proyecto de ley educativa de acuerdo con los tiempos que corren. Nada más, y mucho me temo, que nada menos.