Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la violencia de género, Izquierda Unida denuncia que la estructura social en la que se basa la sociedad capitalista, requiere el mantenimiento de los roles patriarcales y el sometimiento de una parte de la sociedad, las mujeres. Izquierda Unida, un año más, manifiesta su rechazo a cualquier forma de violencia hacia las mujeres y considera la lucha por la igualdad en el marco de la diversidad uno de los ejes vertebradores de sus políticas.
La violencia que se ejerce contra las mujeres mina los derechos fundamentales de todas las personas y debilita la democracia al considerar que la mitad de la ciudadanía del mundo puede ser asesinada, maltratada, violada, humillada, discriminada.... por el mero hecho de ser mujeres. La globalización económica, además de otras consecuencias, aumenta la feminización de la pobreza. IU exige a la comunidad internacional la adopción de medidas para impedir que se produzcan atentados contra la integridad de las mujeres, en concreto exigimos al Gobierno de Irán la abolición de la pena de muerte y la suspensión de la condena a morir lapidadas de Parisa, Iran, Khayrieh, Shamameh, Kobra, Soghra y Fatemeh.
En España a pesar de los casi dos años de funcionamiento de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, sigue aumentando la muerte de mujeres a manos de sus parejas, o ex parejas y se sigue revelando como insuficiente e ineficaz, haciendo patente la necesidad de una mayor dotación de recursos económicos para todos los ámbitos de actuación de la Ley. Las denuncias que IU hacía de la Ley se han puesto de relieve en su aplicación. Ésta mantiene un carácter paternalista que permite, para poder acceder a determinadas garantías, vulnerar el espíritu de la misma y cometer “fraude de ley” como, desgraciadamente, se está empezando a detectar.
IU exige al Gobierno central y a los Gobiernos autonómicos, la adopción de medidas y la dotación de recursos económicos suficientes para paliar las deficiencias más acuciantes, que la aplicación de la Ley pone de manifiesto, entre otras:
Aplicación real de la Ley en la parte social de la misma, ampliando las ayudas económicas a las víctimas de violencia de género, garantizando la ayuda psicológica a las mismas, a sus hijos e hijas de manera homogénea en todo el territorio del estado español.
Derogación de la instrucción que desarrolla la Ley de Extranjería, que impide a las mujeres inmigrantes indocumentadas presentar denuncia por malos tratos, al poder ser expulsadas y, por lo tanto, acceder a las ayudas económicas dispuestas para apoyar a las victimas de violencia de género en su ruptura con el agresor, en pie de igualdad con el resto de las mujeres.
La puesta en marcha, con carácter de urgencia, de los cursos de formación necesarios sobre violencia de género para todos los y las profesionales que intervienen en los casos de violencia de género, abarcando desde los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, asistencia social y sanitaria, juzgados especializados, etc.
La existencia en todo el territorio del estado del centro de ayuda integral previsto en la Ley, con carácter y gestión pública.
La existencia en toda la red de centros educativos públicos de programas específicos de coeducación y educación para la paz, para prevenir la violencia entre las personas más jóvenes.
Línea específica de financiación en los Presupuestos Generales del Estado para los programas de lucha contra la violencia de género en los Ayuntamientos.
Modificación de la legislación española en materia de asilo y protección internacional de personas perseguidas, con el fin de garantizar el acceso al estatuto de asilo u otra forma de protección internacional en España a mujeres que en sus países de origen o residencia sufran violencia de género sin que el estado donde ocurren estas situaciones pueda o quiera otorgar protección a las víctimas.
IU seguirá trabajando junto al movimiento feminista para conseguir el avance de las políticas de igualdad y la desaparición de la violencia contra las mujeres en el estado español y reclamaremos a todos los gobiernos la aplicación de los derechos humanos en sus estados, a través de los instrumentos internacionales a nuestro alcance
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