Barreda consiente que Zapatero discrimine a la mayoría de los regantes de Castilla-La Mancha

La portavoz regional del Partido Popular, Carmen Riolobos, ha responsabilizado hoy al presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda de consentir que Zapatero discrimine a la mayoría de los regantes de Castilla-La Mancha al no ser incluidos en las exenciones del pago de tarifa por sequía.
Hace unos días, el Gobierno de España aprobó el decreto que contempla ayudas “sólo” para los regantes afectados por la sequía de las cuencas del Segura, el Júcar y Guadalquivir, en el que se incluyen noventa millones de euros para paliar los efectos de la sequía; y se incluyen medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía en las cuencas del Segura, Júcar y Guadalquivir, además de prorrogar las normas de carácter excepcional para gestionar la sequía en las cuencas del Tajo, el Guadiana y el Ebro.
Este decreto, entre otras medidas, exime a los regantes que se hayan visto afectados por la sequía y hayan tenido menos del 50% de agua de la necesaria para sus cultivos, del pago de las tarifas del agua de 2006 en el Segura, Júcar y Guadalquivir, una exención de la que la mayoría de los regantes de Castilla-La Mancha que no han tenido agua suficiente para regar en 2006, no podrán beneficiarse, al no poder acogerse a las exenciones del pago de tarifas por estar excluidos.
Para Carmen Riolobos, “Barreda ha vuelto a engañar una vez más a los castellano manchegos en materia de agua desde su ya tristemente famosos –acuerdo histórico- al no oponerse a este decreto” en el que la exención del pago de tarifas sólo afecta a los regantes de Murcia y Valencia que no han podido disfrutar de un caudal de agua suficiente del Acueducto Tajo-Segura para sus explotaciones.
Nuevas disposiciones sobre la gestión de los acuíferos del Alto Guadiana
Además, el decreto establece nuevas disposiciones sobre la gestión de los acuíferos del alto Guadiana con objeto de reducir, al menos en 200 H3, la extracción de agua, lo que ha sido muy criticado por los regantes alcarreños.
En este sentido, la Comunidad de Regantes del Acuífero 23 ha rechazada la imposición de lo que ellos han denominado como “decretazo” por intentar arruinar la agricultura de esta zona y consideran “inaceptable” que no hayan contado con ellos y les parece “repugnante” que a los regantes de otras zonas de España se les compense por la sequía y a los del Acuífero 23 se les penalice: “los miles y miles de afectados no van a permitir esta confiscación o expropiación encubierta y no van a consentir que se les prive del agua que tiene reconocida”
Riolobos ha manifestado en relación con esta disposición gubernamental que el PP de Castilla-La Mancha va a exigir a Barreda “el mismo trato a nuestros regantes que al de otras comunidades autónomas” y ha anunciado que, de acuerdo con el Grupo Popular en las Cortes, se plantearán iniciativas para que, con carácter inmediato, se amplíes a nuestros regantes los beneficios del decreto firmado por Zapatero.
La portavoz del PP ha recordado que, mientras que Barreda ha permanecido en silencio absoluto y cómplice, las organizaciones agrarias han criticado el decreto: Así, ASAJA-C-LM ha calificado las medidas de “cicateras y que responden a planteamientos puramente políticos ya que excluyen a la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos cuyas explotaciones han sido afectadas por la falta de agua y sólo contentan a los regantes de Levante”.
El sindicato COAG, por su parte, ha “pedido que se rebaje el umbral de las ayudas para los regantes con restricciones de agua del 25% respecto de una situación normal, y propone que se exima del 50 % de las tarifas a los afectados por restricciones ente 25-50%”.