Historia de un Trasvase

En enero de 1967 el ministro de Obras Públicas, Silva Muñoz, anunció en Murcia la intención del Gobierno de Franco de llevar a cabo el trasvase de 1.000 millones de metros cúbicos anuales de la cuenca del Tajo a la del Segura. El anuncio despertó la alarma en una tierra que dependía del agua para su desarrollo. En aquellos tiempos de ausencia de libertades y de escasa representatividad territorial, el margen de maniobra de las administraciones locales y provinciales era a todas luces inoperante. La preocupación llegó a todos los ámbitos sociales, ya que la consecución de esta obra faraónica supondría no sólo un freno al progreso de la región, sino el estrangulamiento de sus fuentes de riqueza y el menoscabo de sus más legítimos intereses.
En 1971, con las obras a punto de comenzar, un nuevo ministro de Obras Públicas manifestó que “el único artífice político de esta realización es Francisco Franco a quien debemos esa paz pública y esa selección de administradores eficaces que hacen posible el progreso”. Tres décadas más tarde Castilla-La Mancha puede demostrar que este proyecto lejos de favorecer la paz pública propició graves desequilibrios y un mal entendido concepto de solidaridad entre comunidades autónomas. También ha quedado desmentida la eficacia de aquellos gobernantes cuyas ansias de “progreso” no les dejaron calibrar el lastre medioambiental que arrastra el trasvase a lo largo de más de 300 kilómetros de río Tajo.
Primeras voces en contra
El acueducto Tajo-Segura recorre de forma transversal, las provincias de Guadalajara, Cuenca y Albacete, a través de tuberías de bombeo.
Mientras el Ejecutivo de Franco comunicaba a bombo y platillo a la prensa nacional y extranjera la puesta en marcha de los trámites legales para la realización del trasvase, en el Ayuntamiento de Toledo y en la Diputación Provincial empezaban a escucharse las primeras observaciones a un proyecto que perjudicaba sus intereses. El Consejo Económico Sindical Provincial elaboró una serie de conclusiones acerca de la primera fase de trasvase que incluiría obras de depuración, de riegos, embalses y la defensa explícita del paisaje y de las aspiraciones de desarrollo industrial. Además la Diputación consiguió añadir propuestas que aseguraran un caudal mínimo del Tajo y un compromiso de compensación por las posibles pérdidas ocasionadas por el trasvase a la provincia de Toledo.
Un año después, en 1968, la inquietud persiste en el Ayuntamiento y en la institución provincial tras la aprobación técnica del Anteproyecto conjunto de las Cuencas del Tajo y Segura y deciden personarse en el periodo de información pública. Este periodo termina con 58.770 alegaciones , más de 6.000 contrarias a la obra, que finalmente no influyeron en la decisión del Ministerio de Obras Públicas de sacar adelante el proyecto. En septiembre de ese año el Consejo de Ministros aprueba el inicio de las obras del Acueducto Tajo-Segura que se prolongarían hasta 1981. Cinco meses más tarde en el artículo 17 de la Ley 1/69 del II Plan de Desarrollo Económico y Social se ordena la regulación por Ley del trasvase Tajo-Segura.
Para la financiación de las obras el Gobierno consiguió un préstamo de 200 millones de marcos de la República Federal de Alemania.
El 22 de junio de 1971 el BOE publica la Ley sobre aprovechamiento conjunto de los ríos Tajo y Segura donde se establece la posibilidad de trasvasar un máximo anual de 600 Hm3 de agua regulada excedente en el Tajo, en lugar de los 1.000 anunciados. Esta Ley también recogía unas compensaciones para las provincias afectadas que nunca se llegaron a llevar a cabo, puesto que siempre se ha dado prioridad a las obras del Segura frente a las del Tajo.
Fotografía tomada desde el canal de Carrascosa del Campo, por donde también pasa el trasvase Tajo-Segura.
Los años pasan, las obras continúan y en la sociedad regional ya es un clamor unánime en contra este proyecto. En plena dictadura, los ciudadanos de Toledo dejaron atrás las diferencias ideológicas y se unieron en el propósito común de defensa de su río. Ya en la transición se celebraron manifestaciones multitudinarias como la que tuvo lugar el 12 de marzo de 1978 que congregó a más de 4.000 toledanos que representaban a casi la totalidad de partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones ciudadanas.
En este clima se crearon la Comisión Central del Acueducto Tajo-Segura y la Comisión de Planificación Hidrológica, encargada de elaborar los planes que regirán el aprovechamiento integral de los recursos hidráulicos. En 1980 se aprueba la Ley sobre régimen económico de explotación que establece el cálculo de las tarifas, su liquidación y destino, asigna volúmenes trasvasables entre abastecimientos y riego y crea la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
Comienza el trasvase
Los embalses de Entrepeñas y Buendía se encuentran actualmente con escaso nivel hidrológico. Son la cabecera del Tajo.Foto: CARLOS MORENO
En mayo de 1983 el agua del Tajo empieza a alimentar al Segura. En julio de ese año la Comisión de Recursos Hidráulicos acuerda la distribución del agua trasvasada y la Junta de Comunidades recurre esta decisión. Con el nacimiento del Estado de las Autonomías, el Gobierno de Castilla-La Mancha puede luchar con más firmeza por la defensa de sus intereses. Motivos de lucha no le faltaron; ya en julio de 1983 constata el mal uso del agua trasvasada, que está siendo utilizada para el riego de arrozales en Calasparra y para algodón, pimientos y otros cultivos herbáceos en Hinojar. La Junta interpone un recurso de alzada ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo contra el anterior acuerdo de distribución y por el mal uso del agua.
En ese mismo año, un informe de situación sobre las obras de compensación que afectan a Castilla-La Mancha, valoradas en 65.499 millones de pesetas, demuestran, entre otros aspectos, que el 85 por ciento de las obras presupuestadas están en fase de estudio; el 92 por ciento están pendientes de su aprobación por el Consejo de Ministros y sólo el 8 por ciento están en marcha.
El trasvase en el tramo de El Picazo (Cuenca).
Mientras el Tajo sigue vertiendo su riqueza en Murcia, el Gobierno de esta comunidad exige contundentemente unos trasvases más generosos apelando “a la solidaridad constatada de Castilla-La Mancha para solicitar una racional explotación de los recursos hidráulicos del país”. La Comisión Central de Explotación atiende a las demandas murcianas y concede nuevos trasvases. A estas y a las sucesivas concesiones a Murcia le siguen sendos recursos de alzada ante el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo que son desestimados sistemáticamente. Ante esta coyuntura la causa castellano-manchega logra la solidaridad de la Asamblea de Extremadura y consigue arañar al Gobierno de la nación pequeños triunfos como fue la declaración de interés nacional de la transformación en regadío de la Zona de La Sagra-Torrijos.
Un nuevo informe de situación de agosto de 1985, denuncia la irracional distribución de las aguas, que en vez de solucionar los déficits está siendo utilizada para continuas transformaciones de secano en regadío. Con respecto a las obras de compensación, el informe desvela que hasta 1980 el Estado incumplió sus compromisos de inversión en la cuenca del Tajo incluidas en la Ley 21/71. En la Ley de 1980 las inversiones previstas en la región eran de 65.499 millones de pesetas, de los que hasta entonces sólo habían llegado 100, mientras que el Ejecutivo regional entre 1984 y 85 invirtió casi 2.000 millones.
Tras un año de conflicto, en noviembre de 1985 el Ministerio de Obras Públicas y la Junta de Comunidades firman un acuerdo de compensaciones que establece un programa de actuaciones en obras hidráulicas y los sistemas de financiación. A finales de 1986 se publica un decreto, sobre medidas urgentes para la ordenación de aprovechamientos hidraúlicos en la cuenca del Segura que intenta poner freno a la grave situación derivada de la mala utilización de los recursos. Siete meses después la Ley 13/87 de derivación de aguas del Tajo a las Tablas de Daimiel rompe la exclusividad de las cuencas del Segura y Sur como receptoras del agua trasvasada.
El panorama era de aparente concordia, pero la tensión volvió a saltar cuando el Gobierno regional denunció el incumplimiento del convenio relativo a las compensaciones del trasvase y la demora en el pago previsto por el MOPU para 1987. La tirantez crece aún más tras el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueban nuevas tarifas de conducción de aguas del Acueducto Tajo-Segura, con lo que el menor precio del agua incrementa la demanda de agua del trasvase para riegos. La Junta interpone recurso de reposición ante el Consejo de Ministros contra este acuerdo, que fue desestimado por silencio administrativo.
El mal estado de las acequias murcianas y levantinas han ocasionado que una parte del agua proveniente del trasvase se perdiese.
En julio de 1989 el clima se hace un poco más distendido gracias a dos decisiones del Gobierno: la publicación de un Real Decreto vigente desde el 30 de junio de 1989 a 31 de diciembre de 1990 por el que se adoptan medidas para establecer reducciones en las dotaciones de agua y establecer directrices para el ahorro de agua en todos los sectores; por otro lado, la declaración de interés general de la nación la transformación económica y social de las zonas regables de Manchuela-Centro y Canal de Albacete que afectan a 50.000 hectáreas de futuros regadíos.
Trasvases de agua no excedentaria
A inicios de 1992 se encadenan una serie de trasvases para paliar la escasez de agua provocada por una pertinaz sequía. En abril se autoriza una nueva cesión, que unida al agua ya trasvasada en el mismo año hidrológico rebasa los excedentes evaluados por la Comisión. La Junta vuelve a responder con un nuevo recurso de alzada contra este último ataque a los intereses de la región.
En aquellos días la sequía no era sólo patrimonio del Levante sino que la ausencia de lluvias junto a las continuas detracciones de agua condujeron a los embalses de Entrepeñas y Buendía a una situación de grave escasez.
A pesar de esta situación los trasvases continúan y el anterior presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, acude a Bruselas en busca del amparo que no le ofrece el Gobierno de su país. En la capital europea se entrevista con el presidente de la CE, Jacques Delors, para solicitar la aprobación del Plan de Hidrológico de Defensa y Recuperación de los Humedales elaborado por el Ejecutivo regional.
El Ejecutivo español, lejos de atender sus reclamaciones, publica la Orden de 18-2-93 por la que se aprueba nuevos regadíos en la comarca de la región de Murcia. Durante ese año la Comisión Central de Explotación acuñó el término “riego de emergencia” para justificar los nuevos trasvases ante las demandas de Murcia. Los regantes del Segura de Murcia, Valencia y Andalucía no cesan en sus reclamaciones y en octubre de 1993 piden que se pare la Central Nuclear de Zorita para que puedan recibir más agua. Las ansias de los levantinos no tenían límites y además contaban con el respaldo de sus gobernantes. En el año 1985, Carlos Collado, por entonces presidente de la región de Murcia, manifestaba que la única manera de combatir la sequía era extrayendo más agua “de la capacidad de recuperación de los acuíferos manchegos”.
La situación del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel también es extrema y consigue que la Comisión les conceda un trasvase urgente de 10hm3. Esta autorización despierta las iras de los regantes murcianos que vuelven a exigir más agua para regar sus cítricos y hortalizas. La Comisión nuevamente da respuesta a las peticiones de Murcia sin atender el expolio que supone para los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía.
En junio de 1994 la política de trasvases da una nueva vuelta de tuerca y pasa de enviar agua para “riego de emergencia” a derivar caudal “no tipificado como excedentario”. La Junta vuelve a recurrir a la Justicia contra esta decisión que traspasaba la línea de la legalidad. El Gobierno de Castilla-La Mancha denunciaba “el saqueo de la reserva estratégica” invocando un uso excepcional cuando en realidad ésta ya era una práctica habitual destinada a ampliar las zonas regables.
En aquel verano empezaron a sobrevolar las sospechas de un posible uso especulativo del agua. El semanario “Cinco Días” publicaba una noticia sobre la calificación de terrenos en Murcia en la que se informa de la aprobación de un Plan de desarrollo turístico e inmobiliario en la bahía de Portman.
La sequía hace estragos
Durante décadas el agua del trasvase que recorre nuestra geografía ha servido para regar plantaciones levantinas y murcianas.
Un informe realizado en la primavera de 1995 sobre aforos sistemáticos en el Tajo revela el incumplimiento de la Ley que regula el trasvase, ya que no garantiza el caudal mínimo del río a su paso por Aranjuez calculado en 6m3/seg. Coincidiendo con la publicación de este informe, los políticos castellano-manchegos intentar jugar sus bazas y presentan en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley reguladora de los trasvases de agua entre cuencas hidrográficas.
En junio, la escasez de agua no era obstáculo para que los regantes murcianos continuaran con sus exigencias. Sin embargo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Enrique Noaín, reconocía que la cabecera del Tajo estaba “muy mal y cualquier hipótesis de trasvase es muy difícil por no decir imposible”. La Comisión atiende el consejo del informe denegando un nuevo trasvase, pero a la vez hace un nuevo guiño a los intereses murcianos, ya que aprueba un Real Decreto que autoriza la reducción temporal y provisional del caudal del Tajo a su paso por Aranjuez rebajándolo de 6m3/seg a 3m3/seg. Ya en julio de 2000 la Comisión de Explotación acuerda aprobar un trasvase para riegos de 125 hm3 que vulnera las reglas de explotación y lo establecido en el Plan Hidrológico del Tajo. Durante el Gobierno del PP se baten todos los registros históricos de agua trasvasada ya que alcanzan los 587 hm3 al año en el año hidrológico 1999-2000, próxima al máximo autorizado por la Ley del trasvase.
Un año después se aprueba la Ley 10/2001 del Plan Hidrológico Nacional que fija en 240 Hm3 el volumen mínimo de reserva de agua embalsada en Entrepeñas y Buendía por debajo del cual no es posible trasvasar y se proyecta la realización del acueducto de la Llanura manchega. No obstante, la tranquilidad no llega porque la Confederación Hidrográfica del Segura desvela en un informe que hay un sobrante de agua entre la trasvasada y la consumida en las zonas regables del trasvase entre 1998 y 2001. Por aquella época el diario “La Verdad de Murcia” denuncia que el Gobierno murciano está impulsando 34 nuevos campos de golf (cada uno de ellos necesita al año aproximadamente 500.000 metros cúbicos de agua).
En marzo de 2003 el Gobierno de Castilla-La Mancha plantea una queja ante la UE por considerar que existe una mala gestión de los caudales del trasvase por parte del Ministerio de Medio Ambiente. El Gobierno autonómico no consigue el respaldo del PP para presentar conjuntamente esta queja.
Con la llegada del Partido Socialista a la presidencia de España se aprobó el decreto que modificaba el Plan Hidrológico Nacional de 2001 y que suponía la derogación del trasvase el Ebro. El nuevo presidente de la región, José María Barreda, fijó como principal reto de su mandato recuperar la prioridad del agua del Tajo para Castilla-La Mancha. A su favor contaba con el favorable clima de diálogo abierto por el nuevo Gobierno de España. Dicho entendimiento dio su fruto el pasado mes de marzo gracias al acuerdo alcanzado entre el presidente regional y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que por primera vez permitirá a Castilla-La Mancha utilizar agua del trasvase.

Eva Rosado