El grupo municipal socialista, satisfecho con la desestimación del recurso del PP contra la ley de igualdad

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cuenca quiere expresar su satisfacción por el fallo del Tribunal Constitucional que ha desestimado el recurso del Partido Popular contra la obligación de establecer listas electorales paritarias entre hombres y mujeres para todos los partidos políticos y en municipios de más de 5.000 habitantes, establecida en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
El Partido Popular, que fue el único que no apoyó esta ley, presentó el 20 de junio de 2007, es decir, tras la celebración de las últimas elecciones municipales y regionales, este recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad, en concreto contra el principio de democracia paritaria por el que se exige la presencia equilibrada de mujeres y hombres –de no menos del 40% ni más del 60% de representación de ambos sexos- en listas electorales y órganos de decisión, medida que obligó a modificar la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
La pretensión del PP con este recurso era obstaculizar la presencia de las mujeres en las instituciones públicas, por lo que deberían explicar a las mujeres que formaron parte de sus listas el 27 de mayo porqué convirtieron en ilegal su presencia en las mismas con la presentación de este recurso.
La Ley de Igualdad no establece cuotas para las mujeres, como argumenta el PP, sino que introduce el principio de representación equilibrada entre sexos en el poder político y en los espacios de decisión. Desde el PSOE consideramos que los y las políticas tenemos que parecernos a la sociedad a la que aspiramos representar, compuesta a partes iguales por hombres y por mujeres.
Mientras el Partido Popular interponía este recurso, hoy desestimado, desde el Gobierno de la nación se ha continuado trabajando para que las mujeres accedan en igualdad de oportunidades a todos los ámbitos de la sociedad y sobre todo al empleo con igualdad de salarios, de promoción laboral y a un reparto más igualitario de las tareas familiares, con un permiso de paternidad exclusivo para el padre, todo ello con el objetivo de hacer a las mujeres más iguales, más libres y más autónomas.
La Ley de Igualdad está fundamentada en los arts. 14 y 9.2 de la Constitución Española que proclaman el derecho a la igualdad y consagran la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que esta igualdad sea real y efectiva.
La igualdad entre hombres y mujeres es un principio jurídico universal reconocido en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por España en 1983, y que experimentó grandes avances en las Conferencias Mundiales de Nairobi (1985) y Beijing (1995).
La igualdad es además un principio fundamental en la Unión Europea, ya que tras la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam (1 mayo 1999), es un objetivo que debe integrarse en todas las políticas de la Unión y sus miembros.
La Ley incorporó además 2 Directivas en materia de igualdad de trato en los campos de acceso al empleo, formación y promoción profesionales, condiciones de trabajo y acceso a bienes y servicios y su suministro.
Pero el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero ha dado un paso más para demostrar a la ciudadanía su firme convicción y su inequívoca actuación a favor de la Igualdad con la aprobación a finales de 2007 del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2008-2011.
Este Plan constituye, a través de medidas concretas, un verdadero código de autorregulación para lograr la igualdad real y efectiva en el ámbito de las competencias del Estado, y supone el cumplimiento de otra de las acciones contempladas en la Ley de Igualdad, ley que, por otra parte, está siendo considerada internacionalmente pionera de las normativas para la consecución de la igualdad real.
El Plan Estratégico persigue y se inspira en dos objetivos básicos de la actuación de los poderes públicos: la no discriminación, llevando a cabo acciones reparadoras que mejoren la situación social de las mujeres, y la igualdad que, al constituir las mujeres la mitad real de la población, han de ser incorporadas en paridad para el crecimiento económico y la modernización social.
En octubre de 2007, el Ministerio del Interior presentó un balance sobre el impacto de la Ley de Igualdad en las elecciones municipales y autonómicas de mayo. Así, se pudo comprobar que, gracias a la aplicación de la ley, se ha pasado del 32,3% (6.475 concejalas) en 2003, a un 39,4% (8.431) en 2007, lo que supone un incremento del 7% (unas 2.000 concejalas más).
El número de provincias en las que el porcentaje de concejalas iguala o supera el 40% se ha multiplicado por 12, pasando de 2 a 24.
Con respecto a la evolución por comunidades autónomas, en 2003 el número de las que igualaban o superaban el 40% eran 0, mientras que en 2007 han sido 9, lo que supone un avance del 47,7%.
El PSOE fue el partido político que más ha apostado por esta representación equilibrada de mujeres y hombres en sus cargos electos, ya que consiguió un 43,5%, con 3.316 mujeres elegidas.
El PP se quedó atrás en la incorporación de mujeres en sus listas y, por ende, en sus cargos ya que, siendo un partido mayoritario ha conseguido un 40,2% de concejalas electas, el mismo porcentaje que el PNV, más minoritario. Aún así alcanzaron el mínimo exigido por la Ley, lo que demuestra que no confiaban mucho en que su recurso de inconstitucionalidad estuviera bien fundamentado y prosperara.