El consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, anunció hoy, en rueda de prensa, que "se han dado las instrucciones a los servicios jurídicos de la Comunidad, dependientes de la Consejería de Presidencia, para que se inicien los trabajos de preparación del oportuno recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto castellano-manchego", aprobado ayer en el Parlamento de esa comunidad, pero solamente si fuera necesario.
De la Cierva advirtió que se llevará adelante este recurso "salvo la hipótesis de que en el trámite parlamentario de las Cortes Generales se produzca la oportuna rectificación, racionalización del texto y, sobre todo, enmarcarlo de forma clara dentro del marco constitucional, con absoluto respeto a los principios constitucionales y los de solidaridad".
Y es que, a juicio del portavoz del Ejecutivo regional, este texto ha sido fruto de una decisión "impulsada" por el presidente de C-LM, José María Barreda, "pero votada por todos los partidos políticos en las Cortes de esta comunidad que dice a Murcia y al Estado lo que tiene que hacer".
Por contra, dejó claro que el Gobierno murciano "tiene muy claro que los partidos no son ningún tipo de secta y está muy por delante de cualquier consigna política o interés partidista del PP para la defensa de los intereses de la Región", por lo que justificó la decisión de recurrir "si el texto se mantiene en su redacción actual", basándose en los artículos 14, 45, 138-2, 139-1 y 149-22 de la Constitución Española.
Ante esta situación, consideró que el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, "actúa más bien de secretario general del partido, no teniendo dudas en poner los medios y las competencias del Estado al servicio de los intereses partidistas de su partido".
A su vez, reparó que a Rodríguez Zapatero "se le ha olvidado que el primer día que tomó posesión juró cumplir y hacer cumplir la Constitución", por lo que le instó a que "cumpla ese juramento y que con Murcia, tenga la mitad de educación que está demostrando con C-LM".
En cuanto a un posible diálogo entre Barreda y Valcárcel, De la Cierva manifestó que el presidente castellano-manchego "sigue instalado en la absoluta demagogia e hipocresía". "No sé qué puede tener de útil, ya que en el último encuentro retó que se hiciese una auditoría del agua y todavía estamos esperando", alegó.
CRÍTICAS AL TEXTO CASTELLANO-MANCHEGO
El primero de los artículos del texto castellano-manchego al que De la Cierva se refirió fue el 95, de Cláusula general de competencias, comparándolo con una novela, "que cuenta algo irreal al no ser asumible lo que dice".
Reiteró, una vez más, que según dicta la Constitución, "cuando un río pasa por más de una Comunidad, es competencia exclusiva del Estado, pero en este texto se dice que a C-LM le pueden corresponder todas las materias y competencias que no estén atribuidas expresamente al Estado por la Constitución". "Hay, entonces, un ánimo de rapiña competencial sin precedentes en el Estado", añadió.
El artículo 98, en su punto 3, --que concreta el Derecho del agua-- también recibió críticas por parte del portavoz del Gobierno murciano, constituyendo el "nudo" de la novela, en donde se utiliza "la preposición 'de', que indica propiedad, pertenencia o posesión, y se dice que el agua que está o pasa por territorio de C-LM es de esta comunidad".
"Es la gran mentira y la ofensa a la Constitución porque el agua es un recurso público y de todos los españoles", remarcó De la Cierva, quien corrigió este artículo argumentando que "se debería decir el uso preferente de los recursos hídricos que pasan 'por' su territorio pero no 'de' su territorio".
En este punto, según De la Cierva, "ya se parte de la premisa de que el agua es de su propiedad y que C-LM le puede dar el uso que quiera, siendo un concepto propio del siglo XIX, arcano, porque hoy día, cualquier jurista sabe que existe la función social de la propiedad y nadie puede hablar de su propiedad", mientras que este Estatuto "abusa" de este término, concerniente a materia hídrica.
Igualmente, se preguntó, en referencia al artículo 100 del texto en su punto 1 --de la Disponibilidad del recurso--, que "dónde dice la Constitución que no se pueden hacer trasvases, ya que establece el principio de solidaridad en materia de recursos naturales".
En su opinión, "hacen una interpretación 'sui géneris' de la Constitución al decir que corresponde a C-LM velar para evitar cualquier trasvase". También enjuició el punto 3 del artículo, porque dice que "el agua para cualquier proyecto que conduzca al crecimiento" como, por ejemplo, "agua para Seseña y para El Pocero sí y para los campos de golf de Chinchilla (Albacete), cambiando el destino del agua del trasvase que viene a Murcia --consumo humano y regadío-- para que se pueda utilizar en desarrollos urbanísticos de C-LM".
Ironizó también sobre el punto 1 del artículo 102 --de Competencias en cuencas hidrográficas intercomunitarias-- ya que "el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, estará muy contento de que las competencias exclusivas del Estado en materia de relaciones exteriores vaya a tener ahora un cómplice y compañero de viaje, pudiendo decidir en las aguas que estén fuera de España".
LA "GUINDA" DEL TEXTO: UN "DISPARATE SIN PRECEDENTES"
La "mayor guinda" del Estatuto se incluye en el punto 3 de este mismo artículo, en donde se establece que "la Junta de Comunidades emitirá un informe previo, preceptivo y determinante sobre cualquier forma de transacción". "Es una desproporción, un disparate jurídico y constitucional sin precedentes en la historia constitucional española", aseveró.
A su vez, señaló que en la Disposición transitoria primera, en su punto 1, "se usurpa la competencia exclusiva del Estado en esta cuestión porque se fija la fecha --de caducidad del trasvase Tajo-Segura-- y esto corresponde al Estado, además de que le encomienda velar por ello".
En este sentido, hizo hincapié en el texto completo por entender que, en materia de agua, "trata, en todo momento, al Gobierno español como un Estado subordinado y delegado a la Junta de Comunidades de C-LM, y como una autoridad nacional en las cuencas del Tajo, Júcar, Guadiana, Segura, Guadalquivir, Ebro y Duero".
De la Cierva también desmintió que la Disposición adicional primera de la Ley del PHN establezca la "sustitución progresiva de los caudales del trasvase Tajo-Segura, ya que dice que se podrá revisar en un futuro pero no habla de disminución".
Fruto de estas críticas continuas también lo fue el hecho de que Murcia, según el Estatuto castellano-manchego, "tiene que revisar y reestructurar los usos del agua y su regadío"; algo que, en su opinión, "invade la competencia y la autonomía que en esta materia tiene sobradamente la Región". Por todo ello, dijo estar seguro de que "no hay jurista en España que esté dispuesto a avalar la constitucionalidad de este precepto".
El "desenlace" de la novela lo constituye el punto 4 de esta Disposición, que dicta que "cualquier trasvase de cualquier cuenca, aunque participe mínimamente --como es el caso del Ebro-- requiere de un informe determinante de la Junta de Comunidades de C-LM, que puede decir que no se hace trasvase".
Por último, el punto 5 señala que "la Junta de Comunidades participará, con voz y voto, en los órganos permanentes de gestión y control", por lo que advirtió que "a partir de ahora, se miden los kilómetros cuadrados y el que más tenga, sienta a más personas en la mesa, siendo la mayoría absoluta para C-LM". En virtud de este punto, De la Cierva destacó que "a partir de mañana, no hay un sólo trasvase más a Murcia, sin necesidad de esperar al 2010".
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