La Diputación de Cuenca exige a la CHJ el pago de una deuda de 500.000 euros acogiéndose al Impuesto de Bienes Inmuebles

El presidente de la Diputación de Cuenca, Luis Muelas, advirtió hoy en rueda de prensa que la institución provincial ‘llevará hasta las últimas consecuencias’ las exigencias del pago del IBI de 2005, que asciende a unos 500.000 euros, porque el nuevo Reglamento General de Recaudación -que entró en vigor el pasado 1 de enero- permite notificar una providencia de apremio ante la CHJ.
La Confederación del Júcar lleva sin pagar el IBI a 18 municipios conquenses ribereños de los pantanos de Alarcón y Contreras desde 2003, a los que adeudaba hasta ahora 1,5 millones por este concepto.
Sin embargo, la gestiones realizadas por la Diputación de Cuenca ante el Ministerio de Medio Ambiente han posibilitado que este departamento haya habilitado un crédito extraordinario de algo más de un millón de euros para pagar los ejercicios de 2003 y 2004, según dio a conocer hoy el presidente de la institución conquense.
Sin embargo, el Ministerio quiere que sea la Confederación del Júcar la que se haga cargo del pago de la anualidad de 2005, que hasta ahora se ha negado a pagarlo, aduciendo que es el Estado a través de Medio Ambiente el que debe hacerlo, explicó Muelas.
‘Vamos a ejercer todas las acciones legales ante la CHJ para exigir el pago del IBI a los 18 municipios en 2005, en 2006 y en años sucesivos, no importa quien lo pague si la Confederación o el Ministerio de Medio Ambiente ya que al fin y al cabo es un organismo de este departamento’, aseveró Muelas, que cree que la discrepancia sobre quien es titular de los recibos ‘no es una excusa razonable’.
Muelas destacó que con el nuevo Reglamento General de Recaudación existe la posibilidad incluso de embargar a la CHJ, en el caso de que no pague el impuesto. En este sentido, el director del organismo autónomo de Gestión y Recaudación de la Diputación de Cuenca, Jesús Lazcano, dijo que la institución conquense no ‘entra’ en el contencioso de fondo entre la Confederación y el Ministerio, sino que ‘lo que nos interesa es que, pague quien pague, los recibos se satisfagan y que los ayuntamientos tengan su dinero en el momento oportuno’.
Indicó que el nuevo Reglamento General de Recaudación habilita a los servicios de recaudación de administraciones públicas a embargar y dictar providencia de apremio incluso contra bienes y derechos de organismos oficiales.
Esta circunstancia implica que como mínimo se le va a cargar un recargo del 10 por ciento a la CHJ con la providencia de apremio, cuando hasta ahora como máximo se le podían cargar intereses de demora, sostuvo Lazcano.
Además, puntualizó si la CHJ no paga en un plazo aproximado de cinco días, desde el día en que se le notifique la providencia de apremio, el recargo ascenderá automáticamente al 20 por ciento.
Lazcano justificó la posible notificación de la providencia de premio, porque a su juicio, ‘si exigimos que los particulares paguen, con más motivo tenemos que exigir que paguen las administraciones públicas, porque si no la credibilidad de las administraciones y de los organismos públicos cae por el suelo’.
Agencias