
"El desempleo, como señalan muchos estudios e investigaciones, fácilmente comprobables, puede contribuir a empeorar la salud mental de las personas, aumentando los casos de depresión, ansiedad, adicción y trastorno adaptativo", ha dicho Cayo Lara, para quién el paro "también deteriora la autoestima de la persona lo que a su vez dificulta las posibilidades de recolocación, y trastorna la vida familiar, especialmente si éste afecta al cabeza de familia, provocando generalmente un aumento de tensiones que tienden a deteriorarla y a aumentar los conflictos entre los miembros". "Todos estos factores, junto con la importante pérdida de ingresos, aumentan el riesgo de exclusión social", señaló el Coordinador regional de IU.
Para IU estos datos manifiestan la virulencia de la crisis y cuestionan el modelo de crecimiento que hemos venido denunciando, también en Castilla-La Mancha, que solo ha beneficiado al capital especulativo, monopolista y financiero y, que tiene como resultado que sea la clase trabajadora la que sufra las principales consecuencias, con despidos, expedientes de regulación de empleo, mayor flexibilidad laboral, subidas de precios de los productos básicos, endeudamiento de las familias trabajadoras, incremento de las hipotecas, etc.
Se preguntó Lara "para que sirve que en el Estatuto de Autonomía se afirme de forma rimbombante que todos los trabajadores tienen derecho al empleo, si ese derecho no se garantiza por los poderes públicos".
Para IU, la grave crisis económica que estamos sufriendo, en ningún caso debe justificar ajustes presupuestarios por parte de los Gobiernos de España y de Castilla-La Mancha, ni medidas sociales laborales y sociales regresivas.
Ante esta situación, desde Izquierda Unida se demanda al Gobierno que en los próximos Presupuestos Generales del Estado apueste por: la mejora en las prestaciones por desempleo, se modernicen los Servicios Públicos de empleo con el fin de conseguir itinerarios personalizados para cada uno de los desempleados, se impulsen planes de empleo en cooperación con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, se cumplan los acuerdos en materia de transferencias con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que aumente el impulso financiero necesario y las presiones políticas precisas para que la Ley de Dependencia sea una realidad para todos los ciudadanos que precisen de su aplicación.
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