La última reforma fiscal del gobierno del PSOE que entró en vigor este año 2007 ha seguido siendo fiel a al ideario neoliberal que ya puso en práctica el PP en sus ocho años al frente del gobierno central que han supuesto recortar el principio de igualdad y progresividad que recoge el artículo 31 de la Constitución vigente y que supone seguir beneficiando a los contribuyentes más ricos y a los rendimientos del capital, incrementando el porcentaje de los impuestos indirectos que pagamos todos por igual y que no tienen en cuenta la capacidad económica del contribuyente: la barra de pan y el paquete de tabaco valen lo mismo para el gran promotor inmobiliario como para el peón albañil.
Y no podemos olvidar que con las dos reformas fiscales de los gobiernos de Aznar se dejaron de ingresar en las arcas del Estado unos 7.300 millones de euros cada año y con la de Zapatero serán unos 6.000 millones de euros; en total más de 13.000 millones. Otro dato: la aportación del Estado para poder poner en práctica la Ley de Dependencia hasta el 2015 es de 12.700 millones de euros. Pero tampoco podemos obviar que “gracias” a las rebajas fiscales y el sistema impositivo diseñado por los gobiernos del PP y continuadas por el gobierno de Zapatero hacen que en España sigamos a 7 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) por debajo de la media de la UE-25 en gasto social. Sin comentarios.
Pero grave también es la propuesta del ejecutivo regional de Barreda de suprimir el impuesto sobre sucesiones y donaciones, siguiendo el modelo del PP en las comunidades autónomas donde gobierna. Poco de izquierdas tiene una medida que favorecerá a las grandes fortunas y que esconde importantes ventajas fiscales en operaciones económicas de naturaleza empresarial que poco tienen que ver con la transmisión por herencia de un ajuar doméstico como se ha argumentado por algún dirigente institucional regional.
Se va a renunciar a ingresar unos 50 millones de euros al año cuando nuestro presupuesto se nutre en un 12% de las ayudas exteriores de la UE, y que es una cantidad que podría destinarse a aumentar en un 80% el Fondo Regional de Cooperación Local (Forcol) que se destina a los Ayuntamientos que recibirían 25 euros más por habitante de manera que a Cuenca llegaría 1,3 millones de euros más o que es el doble de lo que se invierte en el servicio de ayuda a domicilio.
El debate fiscal carece de sentido si no se ponen en relación las propuestas sobre los distintos tributos con el gasto público que se pretende financiar. Bajar o subir impuestos tiene una relación directa con las políticas públicas, los servicios sociales, la educación, la sanidad o las infraestructuras. Las rebajas fiscales son como esos saldos de tercera que algunos establecimientos poco serios presentan con productos de mala calidad y que dan gato por liebre.
Angel Luis Castellano Bobillo.
Concejal de IU en el Ayuntamiento de Cuenca
Concejal de IU en el Ayuntamiento de Cuenca
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